Asesoramiento en operaciones inmobiliarias y urbanísticas.

La complejidad de la tributación indirecta de las operaciones inmobiliarias y del proceso urbanizador estriba, en una primera aproximación, en la potencial incidencia de varios impuestos:

  • los que gravan propiamente el consumo, como son el IVA en la España peninsular y en las Islas Baleares, el IGIC en las Islas Canarias o el IPSI en Ceuta y en Melilla;

  • y el que grava, entre otras, las transmisiones patrimoniales y los actos o contratos inscribibles en los registros, esto es, el ITPAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) en sus distintas modalidades.

Algunos de estos impuestos pueden convertirse en un mayor coste de las transacciones.

Para un análisis y planificación adecuada de la fiscalidad de estas operaciones es relevante entender:

  • el estatus fiscal de los propietarios (si realizan o no actividades empresariales y, en su caso, con qué propósito intervienen en las operaciones)

  • las particularidades de la propiedad

  • la existencia de deudas y demás cargas (reales o no)

  • la intención de los compradores (por ejemplo, la de promover la construcción, la rehabilitación o la reforma de un edificio de uso comercial, industrial, viviendas, etc. para su arrendamiento, para su venta, etc.)

  • si va a recurrirse a financiación ajena o no y, en su caso, qué clase de garantías se concederán

  • el estadio en el que se encuentran los procesos urbanizadores, y algunos otros aspectos igualmente importantes.

Desde el conocimiento de todas estas circunstancias se podrá determinar la tributación y la viabilidad de plantear alternativas que reduzcan el coste fiscal.

En Tax in Context | TiCEXT disponemos de una extensa experiencia en el asesoramiento en operaciones inmobiliarias y en el marco de procesos urbanizadores de terrenos.

Nuestro equipo viene asesorando a lo largo de más de 20 años en una muy variada casuística a clientes corporativos nacionales y extranjeros (empresas y gestoras de fondos de inversión), Administraciones públicas, particulares y patrimonios privados, así como a asociaciones sectoriales y a quienes estructuran y conceden la financiación de estas operaciones.

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